El Gobierno nacional firmó convenios con las principales plataformas de comercio electrónico para que las publicaciones de productos de contrabando se den de baja. Según informó iProUP, se rubricaron convenios marco con nueve entidades y acuerdos específicos de intercambio de información con Meta, Mercado Libre, Frávega y Cetrogar. El anuncio coincide con un informe de Insight LAC que estima que la venta ilegal de productos equivale al 5% del PBI.
Cómo va a funcionar
No se trata de una prohibición general, sino de un sistema de cruce de datos que avanza en tres pasos:
- Información: Los fabricantes enviarán a las autoridades listados actualizados de productos sospechosos. Las plataformas harán lo mismo y controlarán a sus principales vendedores. Habrá reportes trimestrales entre empresas y organismos públicos.
- Cruce: Esa información se contrasta con los registros de la Dirección General de Aduanas y de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, para detectar mercadería sin respaldo de ingreso legal.
- Baja: Las publicaciones irregulares se eliminan. Meta ya aplicaba un mecanismo de este tipo en Facebook e Instagram y ahora Mercado Libre se suma. La fiscalización puede escalar por la Resolución 56/2026, que aprobó el Protocolo de Vigilancia de Mercado y contempla el retiro de productos, el cese de su venta y, si corresponde, la intervención de la Justicia.
Por etapas
La implementación será gradual. Mercado Libre empezará con notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos; más adelante sumaría calzado, textiles, indumentaria, cigarrillos y agroquímicos.
El acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA) tiene cinco puntos y prevé coordinación con ARCA, la Autoridad Nacional de la Competencia, el INPI, el SENASA y la ANMAT. Incluye una mesa de trabajo permanente, con plan semestral y seguimiento trimestral, y alcanza tanto a los comercios físicos como a las ventas online.
¿Qué pasa con quien compra en el exterior?
El convenio no apunta al consumidor final. Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE (la asociación de terminales electrónicas), explicó a iProUP que el contrabando es el ingreso de mercadería con fines comerciales. Quien trae un teléfono de viaje para uso propio, o lo compra en una plataforma internacional y se lo envían, no comete ese delito. Sí lo comete quien cruza la frontera con una veintena de equipos para revenderlos. En resumen, el blanco es el revendedor, no el viajero.
Vainman estimó que uno de cada tres celulares que se venden en el país no se importó legalmente ni se fabricó localmente. Pero el problema excede a la tecnología. Según la dirigente, los rubros más afectados son neumáticos, tabaco y ópticas, y también calzado, indumentaria, juguetes y cosméticos, donde además hay riesgo para la salud. Mencionó casos menos esperados, como cerveza, harina y huevos, y acero de mala calidad para la construcción, que puede comprometer estructuras. El común denominador es que esos productos no cumplen con normas de seguridad ni con reglamentos técnicos.
Vainman señaló que el fenómeno crece desde hace dos años, en un contexto de consumo retraído. Si un tercio de las pocas ventas se pierde por el contrabando, advirtió, la situación de los fabricantes es muy compleja. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, sostuvo que el comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores. La industria, recordó, genera 1,2 millones de empleos formales y aporta más de un cuarto de la recaudación nacional.
Rodrigo Anselmi, consultor en comercio exterior y cumplimiento aduanero, consideró que el convenio ataca la vidriera, el último tramo de la cadena: cuando se baja la publicación, el producto ya entró al país y ya está en un depósito. A su juicio, el revendedor simplemente migra a otro canal, como un grupo de WhatsApp o una cuenta nueva de Instagram que se abre en minutos.
Hasta ahora, reconoció Vainman, los números del contrabando no bajaron pese a las reuniones con el Ministerio de Seguridad, las capacitaciones a fuerzas federales y un formulario unificado de denuncias. Destacó, de todos modos, que en esta mesa participaron funcionarios con poder de decisión: el titular de la Aduana y los responsables de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. Lo definió como un hito para ver si se traduce en una baja real.
El problema que quedó afuera: las estafas de inversión
El fiscal especializado en Cibercrimen Franco Pilnik le dijo a iProUP que hoy el delito dominante en el ecosistema digital no es el contrabando, sino el fraude por inversiones: avisos, muchas veces generados con inteligencia artificial, que prometen ganancias sin esfuerzo con la compra de acciones. Según el fiscal, muchas víctimas ponen mucho dinero y se endeudan en los bancos para entrar.
El acuerdo con Meta cubre las publicaciones de productos ilegales en Facebook e Instagram, pero no los anuncios de inversión fraudulentos que circulan por el mismo sistema publicitario. Además, los reportes son trimestrales y, según Pilnik, las modalidades cambian en semanas: lo que hoy es una estafa, advirtió, probablemente se renueve para fin de año.
El Informe sobre Bancos del BCRA de octubre, con datos de agosto, ubica la mora de las familias en el 12,81%. Camila Ferrán, especialista en prevención de fraude y riesgo operativo, planteó que hoy no se mide cuánta de esa mora nació en una estafa: quien deja de pagar entra a la estadística como un deudor más, no como una víctima.
Según Pilnik, no hace falta pasar por Defensa del Consumidor ni esperar una respuesta de la plataforma. Si hay un delito, se denuncia directamente en la unidad judicial más cercana al domicilio, o por escrito en la mesa del fuero penal. Cuanto antes se haga, más chances hay de rastrear el dinero.
A comienzos de octubre, la UIA también se reunió con la Aduana por la subvaluación de importaciones, un problema que creció desde la eliminación de los precios de referencia y que afecta a textiles, calzado, celulares, cerveza y tabaco. La Aduana trabaja en un sistema para cruzar cantidades y precios declarados.
En definitiva, el acuerdo mejora el control sobre lo que se publica, no sobre todo lo que entra al país, y deja fuera el fraude que más crece en las mismas plataformas.
